POLÍTICA SOCIAL, SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO NECESARIO

Autor: Luis Gutiérrez Esparza. México, Distrito Federal.


La justicia social y particularmente la justicia social distributiva, no puede basarse solamente en la igualdad de oportunidades, es decir, en el establecimiento de un marco teórico en el que cada ciudadano, e incluso cada habitante del país, aun en etapas previas a la ciudadanía, tenga en principio el mismo acceso a oportunidades de superación, desarrollo y progreso, porque en un entorno de desigualdad, la justicia social implica el trato desigual a los desiguales; es decir, la igualdad de seguridades.

Un nivel alto de pobreza implica o poco crecimiento económico o mala distribución de los recursos. La mala distribución de los recursos es evidencia de la desigualdad de oportunidades y exige, por lo mismo, igualdad de seguridades.

En consecuencia, el problema es lograr una nueva configuración, más democrática y eficiente del propio Estado, basada a su vez en una noción de ciudadanía arraigada en el compromiso social. ¿Cuál puede ser esa “noción de ciudadanía”? La comprensión y la aceptación de que el esfuerzo individual, dentro del marco del esfuerzo colectivo, debe encauzarse por la vía de la corresponsabilidad. El individuo no debe esperar soluciones paternalistas ni atribuir la responsabilidad de su progreso y su desarrollo integral, solamente a factores exógenos.

Es importante tener en cuenta, al analizar su naturaleza real en un contexto dado, como el del Estado mexicano del siglo XXI, que “las políticas sociales forman parte del Estado de bienestar, su representación institucional; y abarcan una extensa gama de programas sociales, como políticas de salud, seguridad social, vivienda, educación u ocio. Hoy su objetivo es la búsqueda del bienestar y la mejoría de las condiciones materiales de vida de la población”.

El Estado de bienestar no puede ser ya un Estado paternalista, omnipresente, que todo lo decida, todo lo intervenga, todo lo disponga. El Ogro Filantrópico de Octavio Paz, tan implacablemente retratado y descrito en toda su inevitable dimensión de fracaso, es el paradigma de ese Estado absoluto que, por serlo, devino en absolutista; de ese Estado total que, a fuerza de totalizar su misión frente a la sociedad, tuvo que ser totalitario.

De aquí la tesis del Estado necesario: aquel que no asume las funciones de la sociedad civil ni de los individuos, que no coarta la libertad de emprender ni pretende convertirse en controlador o protagonista del mercado, sino interviene para hacer efectiva la justicia distributiva, garantizar el trato desigual a los desiguales y la igualdad de seguridades.

Como dijo Frédéric Bastiat en su intervención ante la Asamblea Nacional francesa el 25 de septiembre de 1848 (consignada en el Diario de Debates de la fecha), “el Estado no es o no debería ser otra cosa que la fuerza común instituida no para ser entre todos los ciudadanos un instrumento de opresión y de expoliación recíproca sino, por el contrario, para garantizar a cada uno lo suyo y hacer reinar la justicia y la seguridad”.

A partir de lo anterior, tiene sentido la presencia y la acción de la sociedad civil y sus organizaciones. ¿Qué debemos entender por sociedad civil? En un antecedente teórico indispensable y fundacional, el pensador e ideólogo italiano Antonio Gramsci diferencia claramente, dentro del Estado, la sociedad civil de la sociedad política, de manera tal que ambos términos aparecen ligados en una célebre ecuación:

"En la noción general de Estado entran elementos que deben ser referidos a la sociedad civil (se podría señalar al respecto que Estado = sociedad política + sociedad civil, vale decir, hegemonía revestida de coerción)".

Dentro de la categoría de sociedad civil, Gramsci incluye la multiplicidad de organismos "vulgarmente considerados privados" (escuelas, iglesias, medios de comunicación, asociaciones y agrupaciones civiles de toda índole y dimensión, etc.) Así, al perfilarse como un ámbito diverso y contradictorio, “en el seno de la sociedad civil se generan, se consolidan o se deshacen tradiciones; se anudan, se fortalecen o se erosionan múltiples solidaridades; se conforman, se redefinen o desvanecen un sinnúmero de identidades”.

A partir de la participación activa y decisiva de la sociedad civil en las estrategias y las acciones de la política social del Estado mexicano, es posible atender los demás frentes que están abiertos en el esfuerzo cotidiano en pos del desarrollo integral de los mexicanos. La globalización a nivel mundial demanda nuevos desafíos en el ámbito de la educación y especialmente en la enseñanza superior, específicamente en el desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación, que obligan a reconsiderar su función y cometido y a reajustar su desarrollo en función de nuevos planteamientos y nuevas prioridades.

La globalización, se la cuestione o no, es un proceso innegable. Algunas de las grandes aristas sobre las que se levanta este monumental cambio de la civilización humana, son la ampliación del comercio internacional, el ensamblaje de una institucionalidad supranacional y de amplias redes de organizaciones de la sociedad civil, así como el acercamiento virtual de individuos, comunidades y países alejados a través de las tecnologías de la información. Negarse a participar en ella es, además de utópico y, por lo mismo, imposible, socialmente y nacionalmente suicida.

El reto, entonces, radica en aprovechar la globalización: subirse a lomos de ella, utilizarla como el corcel del desarrollo, del despegue definitivo, del progreso integral. No hay que perder de vista que resulta una simplificación extrema asociar el proceso de globalización exclusivamente con la actividad económica, puesto que ejerce una evidente e inevitable influencia, en mayor o menor grado, en todas las esferas de la actividad humana y, por tanto, su caracterización reviste gran importancia, ya que permite establecer acciones conscientes que reduzcan los impactos negativos de su presencia.

En la actualidad, se considera necesaria la implementación de políticas para el desarrollo de las ciencias y la tecnología, el cual está ligado con el desarrollo económico-social, para que los países puedan generar y asimilar el cambio enfocado a la producción de bienes y servicios, con acciones de mejora y encaminados a la productividad y competitividad.

Lo anterior es, sin duda, una de las consecuencias de la globalización: abre perspectivas que se antojan infinitas, es cierto; ofrece oportunidades en esa misma dimensión. Mas no para todos, sino para quienes la entiendan, la acepten, la aprovechen y asuman la urgencia de la competitividad.

Hay que destacar los beneficios de la competitividad, entendida como una forma de lucha por y para la educación. La revolución de la tecnología y sus consecuencias en las comunicaciones, han hecho cambiar el lenguaje de las generaciones más jóvenes. La escuela y los maestros deben adaptarse a este cambio, incorporando las nuevas herramientas.

Sin duda, el mercado ha transformado al ciudadano en un nuevo cliente. Desde la escuela es posible preparar mejores ciudadanos, responsables y conscientes de sus derechos y obligaciones; tarea que debe incluir la formación de un nuevo consumidor, no atado a modas pasajeras; que exija libertad de elección y desarrolle criterios de selección hacia productos no obtenidos a través de la explotación humana o con técnicas de producción que atenten contra el medio ambiente.

En este marco, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, conforme a las posibilidades y capacidades del país y de la sociedad, es un imperativo que exige el esfuerzo del estado, a través del gobierno y de la sociedad civil.

En el ámbito gubernamental, resulta indispensable asignar mayores recursos a este rubro; y desde la sociedad civil, se debe presionar por todos los medios legales e institucionales y ejercer una labor permanente de contraloría social al efecto, con un cuidadoso seguimiento de programas y estrategias. Para ello, hay que incorporar la participación de especialistas reconocidos en las diversas instancias de las organizaciones de la sociedad civil.

Las causas del aumento y la disminución de la desigualdad son complejas, pero hay una verdad sustancial en la afirmación de que la globalización crea inequidad: la brecha en la riqueza entre aquellos países con economías cerradas y los que practican el libre comercio, continúa ensanchándose. Esa no es la desigualdad que los globalifóbicos tienen en mente. Dentro de los países que han abierto sus economías al comercio y a la inversión, las clases medias han crecido, lo que quiere decir que existe menos inequidad, en lugar de más.

Las metas de desarrollo del milenio nos muestran un panorama de mejora en los ámbitos de lo global a lo local, como parte de las estrategias de implementación de los gobiernos locales e internacionales en el cual, la política social intenta llevar a cabo un enfoque asistencialista mejorando las condiciones de vida de la población que se encuentra en altos índices de marginación, promoviendo la participación activa de los principales actores en el cumplimiento de mejoras sociales y económicas.

Esto, en el balance final, es lo que cuenta. Se trata de una realidad irrefutable y evidente. Y lo que mejora, sigue un patrón inequívoco: de lo global a lo local. Aquí encontramos también el impacto de la globalización, debida y sanamente aprovechada.

La política social, entonces, fluye de lo global a lo nacional y de lo nacional a lo local y viceversa. Requiere de la participación activa y corresponsable del gobierno y de la sociedad civil, dentro de la dinámica del Estado necesario, con énfasis permanente en la igualdad de seguridades y en el trato desigual a los desiguales.